Convocados 7 días de huelga en Renfe y Adif
ante los incumplimientos de los acuerdos de
desconvocatoria de huelga suscritos por Transportes
 El compromiso de la integridad en Renfe y Adif de las plantillas
y la operación en Rodalies, y en Renfe Mercancías centran las
reivindicaciones de los Comités Generales de Empresa.
 Ambos Comités denuncian que los acuerdos con la Generalitat
aumentan gastos, duplican costes y no mejoran el servicio.
 Los días de huelga convocados son: 17, 19, 24, 26 y 28 de
marzo, 1 y 3 de abril.
Los Comités Generales de Empresa del Grupo Renfe y Adif, en representación de
todos los colectivos profesionales, han decidido por unanimidad convocar siete días de
huelga. Estas movilizaciones responden al rechazo de toda la plantilla ante el
incumplimiento, por parte del Ministro de Transportes, de los acuerdos firmados sobre
Rodalies y Renfe Mercancías.
El pasado 23 de noviembre de 2023, los Comités Generales de Empresa
desconvocaron la huelga prevista tras alcanzar un acuerdo que garantizaba que:

  1. El Grupo Renfe y Adif continuarían siendo los prestadores de los servicios de
    Rodalies y Renfe Mercancías.
  2. Se preservaría la integridad de las plantillas en ambas empresas públicas.
  3. Se establecerían grupos de trabajo y negociación para adoptar soluciones
    consensuadas.
    Sin embargo, los Comités Generales de Empresa consideran que estos compromisos
    han sido vulnerados tras la última reunión con el Ministerio, celebrada el 17 de febrero,
    en la que se anunció la exclusión de la línea R1 de la Red de Interés General. Además,
    se comunicó la creación de una empresa mixta ajena al Grupo Renfe para asumir
    progresivamente todas las actividades operativas de Renfe y Adif.
    Las organizaciones sindicales han sido meros receptores de esta información, sin
    posibilidad de participación en la toma de decisiones. Estas medidas suponen una
    ruptura total de los acuerdos previos, dado que las soluciones adoptadas por el
    Ministerio en coordinación con la Generalitat son diametralmente opuestas a lo
    pactado.
    RENFE MERCANCÍAS: UNA PRIVATIZACIÓN ENCUBIERTA
    En cuanto a Renfe Mercancías, la representación legal de los trabajadores denuncia un
    proceso de privatización encubierta a través de la creación de una nueva sociedad
    controlada por la compañía logística MSC. Para facilitar esta transición, se está
    permitiendo el deterioro de la empresa pública mediante acciones como:
     No concurrir a nuevas contrataciones de carga de trabajo.
     Obstaculizar la labor de los comerciales en la captación de clientes.
     Bloquear la operatividad de los trenes por inacción de los centros de gestión.
    CALENDARIO DE HUELGA
    Ante esta situación, los paros están convocados para los días 17, 19, 24, 26 y 28 de
    marzo, así como el 1 y 3 de abril.
    DUPLICIDAD DE COSTES SIN MEJORAS EN EL SERVICIO
    Los Comités Generales de Empresa denuncian que las intenciones de ambas
    administraciones no suponen una mejora del servicio, sino un aumento del coste que
    recaerá sobre los ciudadanos. Se pretende duplicar el entramado societario con un
    nuevo presidente, consejeros y estructuras paralelas para prestar un servicio que ya
    ofrece una empresa pública. Esta duplicidad afectará también a las economías de
    escala en la compra de trenes, materiales, instalaciones de circulación y seguridad,
    formación y habilitaciones.
    Los Comités recuerdan que la Generalitat tiene transferidas las competencias de
    Rodalies desde 2010, pero hasta ahora no las ha ejercido plenamente. El marco actual
    permite gestionar y mejorar el servicio manteniendo como operadores a Renfe y Adif,
    un modelo similar al de la sanidad catalana, donde diferentes centros sanitarios sin
    titularidad de la Generalitat prestan servicio público dentro del SISCAT.
    UN FERROCARRIL AL MARGEN DE EUROPA
    La exclusión de estas líneas de la Red Ferroviaria de Interés General (RFIG) implica
    que ya no estarán sujetas a la normativa de seguridad, operación y material rodante
    establecida a nivel europeo y regulada en España por la Ley del Sector Ferroviario y la
    Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria.
    Esta situación podría traducirse en una disminución de los estándares de seguridad y
    en la pérdida de interoperabilidad con el resto de la red ferroviaria española y europea.
    Además, las líneas afectadas han sido financiadas con fondos de la Unión Europea
    para fomentar la interoperabilidad ferroviaria en el continente, por lo que su exclusión
    podría derivar en sanciones por incumplimiento de las condiciones establecidas en los
    pliegos de concesión de estos fondos.
    Ante esta situación, los Comités Generales de Empresa instan al Ministerio de
    Transportes a respetar los acuerdos firmados y garantizar la estabilidad y continuidad
    de los servicios ferroviarios bajo la gestión de Renfe y Adif.